La Justicia federal argentina abrió una investigación tras la difusión de supuestos audios privados atribuidos al presidente Javier Milei, en un caso que podría implicar espionaje ilegal o fallas en la seguridad presidencial.

El expediente, radicado en los tribunales de Comodoro Py, fue impulsado por el periodista Santiago Cúneo y quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo. La investigación busca determinar el origen de las grabaciones, identificar a los responsables de la filtración y establecer si se trató de una maniobra con fines políticos.

Los audios, difundidos en redes sociales, contienen conversaciones de carácter íntimo entre el mandatario y Rosemary Maturana, lo que ha generado una fuerte polémica mediática. Además, las autoridades evalúan si el contenido incluye información sensible sobre movimientos y protocolos de seguridad presidencial.

En el ámbito judicial no se descarta que el caso responda a una operación de inteligencia ilegal, mientras que desde el oficialismo sostienen que podría tratarse de una acción coordinada para afectar políticamente al jefe de Estado. La investigación deberá definir si se trata únicamente de la divulgación de material privado o de una posible estructura más amplia de espionaje.